Durante décadas, la seguridad en entidades gubernamentales como cuerpos policiales, instalaciones militares o centros penitenciarios se ha concebido desde la lógica del almacenamiento físico tradicional. Casilleros metálicos, llaves manuales, registros en papel o protocolos verbales han sido los mecanismos habituales para custodiar armas, equipamiento y elementos críticos, enfoque que, aunque funcional en su momento, hoy enfrenta una realidad operativa compleja y un entorno regulatorio más exigente.
Los desafíos actuales —mayor movilidad del personal, rotación de turnos, auditorías permanentes y exigencias de trazabilidad— han evidenciado una fisura en los sistemas convencionales: el control de activos ya no puede depender de la confianza o del hábito. La necesidad de saber quién accede a qué recurso, en qué momento y bajo qué condiciones, se ha convertido en una prioridad operativa para las instituciones militares y policiales.
Ante esta complejidad, diversas entidades ya han adoptado sistemas inteligentes de gestión de armas y activos, que incorporan autenticación biométrica, trazabilidad automatizada y alertas proactivas, las cuales serán analizadas en profundidad, con énfasis en cómo están transformando instancias del aparato estatal como la policía, las fuerzas militares, los centros penitenciarios y las agencias de gobierno.